Quebró la láctea Arsa que elaboraba productos para Sancor en Arenaza, Partido de Lincoln
La Justicia decretó, hace unos días, la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (Arsa), la láctea que era responsable de la elaboración de los yogures, flanes y postres de la marca Sancor. Esta medida judicial, dispuesta por el juez Federico Güerri a cargo del Juzgado Comercial 29, implica la liquidación final de la firma y el cierre de sus instalaciones.
El desenlace deja a más de 400 trabajadores sin empleo. Ciento ochenta personas se desempeñaban en la planta bonaerense de Arenaza, ubicada en el partido de Lincoln, y 200 más estaban empleadas en la fábrica y el centro de distribución en Córdoba.
Proceso judicial y falta de ofertas
Con el fallo del juez Güerri, se cierra un extenso y conflictivo proceso. La disolución de la empresa se activó tras el concurso fallido que había comenzado en abril de 2024. Pese a que circularon nombres de supuestos interesados en el salvataje -entre ellos, el fondo dueño de Havanna (Inverlat); y Werthein y CarVal-, no apareció ningún oferente para quedarse con la firma y sostener la producción.
Arsa no tuvo relación societaria con Vicentin SAIC. Sin embargo, la empresa fue gestionada por el Grupo Vicentin hasta hace dos años y medio, después de que la cooperativa SanCor se la cediera en 2016 por US$ 100 millones. Aunque al principio participaron fondos vinculados a la familia Vicentin, ahora era gerenciada por los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, quienes también manejan La Suipachense a través de Maralac S.A.
Productos y alcance logístico
Arsa era la fabricante de productos lácteos refrigerados conocidos bajo las etiquetas: Shimy, Sancorito, Sublime, Flanes Caseros SanCor, Vida, Yogs y Primeros Sabores.
La empresa contaba con una amplia red logística compuesta por 165 distribuidores, que le permitían alcanzar 70.000 comercios de forma semanal.
Acusaciones de fraude e incumplimientos laborales
Cuando Arsa se presentó a concurso, apuntó como causas a la situación económica general, señalando la caída del consumo y el arrastre de la inflación que encarecía la materia prima y la mano de obra, además de políticas del anterior gobierno, como el control de precios.
No obstante, en la industria sostienen que la crisis no se explica por problemas del sector. En cambio, señalan que su caída responde a años de ineficiencia en la gestión y hablan de una “quiebra fraudulenta”, argumentando que el concurso de acreedores no se tramitó de forma completa ni transparente.
El gremio Atilra denunció múltiples incumplimientos a lo largo del recorrido de la empresa. El mayor impacto se dio en mayo, cuando la compañía anunció que detendría sus operaciones de manera transitoria para reorganizarse. La reactivación nunca llegó, y el hecho de que no se retomó la actividad ni se pagaron las obligaciones pendientes aceleró el desenlace de la quiebra.
Los empleados, por su parte, aseguraron haber cobrado sueldos irregulares, parciales y atrasados. Denunciaron que, en los meses finales, apenas se abonó un cuarto del salario y en efectivo, a pesar de que el personal trabajaba jornadas completas. Fuentes sindicales agregaron que, a la difícil situación salarial, se sumaban tres años y medio sin aportes a la obra social. Varios trabajadores ya se habían dado por despedidos antes de que se decretara la quiebra.
