La Licencia de Conducir Profesional en la Provincia aumentó un 1200%

El costo para obtener la Licencia Profesional Interjurisdiccional en la provincia de Buenos Aires aumentó más de un 1200% desde el 6 de julio, luego de la implementación de un nuevo esquema para habilitar a los conductores de cargas y pasajeros que circulan entre provincias o hacia el exterior.

Con el nuevo sistema, quienes tramiten por primera vez, renueven o amplíen las licencias profesionales de las categorías C, D y E deberán realizar parte del proceso a través de prestadores privados habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Como consecuencia, el trámite pasó de costar alrededor de $22.000 a unos $294.000.

El cambio surge a partir de un convenio firmado entre la provincia de Buenos Aires y la ANSV, mediante el cual la jurisdicción bonaerense asumió el otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir para actividades interjurisdiccionales. El nuevo sistema busca reemplazar el esquema de la antigua Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (Linti), eliminada en marzo del 2025, y unificar el sistema bajo una única Licencia Nacional de Conducir.

Hasta la eliminación de la Linti, los conductores debían tramitar un permiso adicional para realizar transporte interjurisdiccional. Desde entonces, las licencias nacionales de conducir de las categorías C, D y E emitidas por jurisdicciones habilitadas pasaron a ser suficientes para desarrollar esa actividad. La administración de Javier Milei solía referirse a ese antiguo sistema como las “Licencias Moyano”.

Ahora, el principal cambio que se implementará en la Provincia es que las licencias profesionales quedarán diferenciadas según el tipo de actividad que realice el conductor.

Prestadores privados

La principal novedad del nuevo esquema es la incorporación de prestadores privados registrados ante la ANSV.

A partir de ahora hay dos registros diferenciados: uno para quienes realicen los exámenes psicofísicos y otro para quienes dicten los cursos y tomen las evaluaciones teórico-prácticas.

Estos prestadores serán los encargados de realizar, según el trámite, las distintas instancias de evaluación. Para las renovaciones y ampliaciones se podrá requerir una evaluación psicofísica; para las renovaciones, una capacitación teórica; y para la ampliación de clases, una evaluación teórica y práctica.

En la práctica, los aspirantes deberán pagar $175.000 por el examen psicofísico y otros $119.000 al Instituto de Servicios Integrales para el Transporte por el curso obligatorio. En total, el costo asciende a $294.000.

Hasta ahora, ese trámite se realizaba íntegramente en los municipios y costaba alrededor de $22.000.

Los exámenes psicofísicos se realizan en centros autorizados y el dinero abonado por ese concepto se transfiere a la Obra Social de Conductores Camioneros y Personal del Transporte Automotor de Cargas, vinculada al sindicato de Camioneros que conduce Hugo Moyano.

Solo pueden intervenir en el proceso aquellos prestadores que estén registrados ante la ANSV y que tengan domicilio en la provincia de Buenos Aires.

La explicación de la Provincia

Desde el gobierno bonaerense sostuvieron que el objetivo es mejorar la trazabilidad del proceso, reforzar los controles sobre las evaluaciones y unificar los criterios para los conductores profesionales en todo el país.

Desde el gobierno provincial indicaron a LA NACION que la administración de Kicillof no fue la que habilitó a los prestadores externos ligados a Camioneros, sino que solo firmó un convenio con Nación para “habilitar centros externos bajo la libertad de competencia estableciendo cada uno el valor que considere”.

“La Provincia no es la autoridad que dispone el convenio, montos o quiénes son los prestadores. Eso lo dispone la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Las licencias son nacionales, con participación de las jurisdicciones involucradas”, agregaron.

Además, reforzaron que Buenos Aires únicamente firmó el convenio con Nación para implementar el nuevo esquema y habilitar centros externos bajo el régimen de libre competencia, en el que cada prestador fija el valor de sus servicios.

Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial indicó ante LA NACION que “al momento de la disolución de la LiNTI, muchas instituciones ya se desempeñaban como prestadoras y cumplían con las normas y exigencias requeridas. En consecuencia, se encontraban en condiciones de inscribirse y obtener su habilitación dentro del nuevo sistema”.

“Paralelamente, las jurisdicciones impulsaron acciones orientadas a ampliar la oferta de prestadores y promover una mayor competencia en sus territorios, favoreciendo un equilibrio en la prestación de los servicios”, añadió el organismo.

Y puntualizó que “en términos generales, las jurisdicciones que lograron registrar y habilitar una mayor cantidad de prestadores, tanto públicos como privados, han conseguido incrementar la oferta disponible, pueden fijar las tarifas que consideren adecuadas y reducir significativamente los costos de las prestaciones para los usuarios”.