La crisis de Venezuela pone a prueba el Derecho Internacional (por Juan León Giujusa*)

La larga crisis de Venezuela ha vuelto a ocupar un lugar privilegiado en la agenda internacional y mediática. Resulta que, tras años de sanciones, negociaciones fallidas, declaraciones altisonantes y una dinámica diplomacia regional (cabría citar aquí al Grupo de Lima, una coalición de países americanos formada en 2017 para encontrar una salida pacífica a la crisis política y humanitaria en Venezuela), lo que se ha esparcido por la región ha sido el desánimo y una evidente fatiga internacional y regional, conforme el régimen de Maduro se enquistaba y la transición política a la democracia parecía cada vez más lejana, incluso tras el creciente protagonismo de María Corina Machado.

Sin embargo, la situación viró rotundamente luego de que el presidente norteamericano Donald Trump anunciara el nuevo corolario de la Doctrina Monroe. Aquella doctrina establecía que cualquier intervención de potencias europeas en el hemisferio occidental sería vista como un acto de agresión contra Estados Unidos. Por su parte, la nueva actualización propuesta por Donald Trump adopta un matiz más agresivo. Por un lado, se afirma que el derecho de un país a gobernarse termina cuando ese país genera amenazas externas, como la migración masiva o el narcoterrorismo. Por otro, también se sostiene que la intervención se justifica para evitar que los adversarios extra-hemisféricos (como China, Rusia o Irán) controlen activos estratégicos como el petróleo venezolano. Por su parte, Trump ha afirmado que el hemisferio le pertenece a los Estados Unidos, en un claro retorno de las esferas de influencia y a la percepción de América Latina como su patio trasero.

En este sentido, la crisis en Venezuela tiene hoy gran importancia estratégica en el continente, dado que el país ha constituido, por un largo tiempo, el punto de entrada de las potencias rivales de Estados Unidos, en el hemisferio occidental. De hecho, el gobierno de Nicolás Maduro ha consolidado su supervivencia gracias al apoyo militar y tecnológico de Rusia, el respaldo financiero de China y la cooperación en defensa de Irán, ilustrando la pugna entre potencias a pocos kilómetros de las fronteras norteamericanas.

Durante más de una década, el gobierno de Maduro logró sostenerse en un delicado equilibrio. A pesar del colapso económico, la emergencia humanitaria, el éxodo masivo (con 7,9 millones de migrantes, refugiados y otras personas que requieren de protección internacional, esto es, casi el 30% de su población total, convirtiéndose en la principal crisis generadora de desplazados internacionales a nivel a mundial durante el 2025) y las denuncias sistemáticas por violaciones a los derechos humanos, el régimen se mantuvo en pie. La fragmentación de la oposición, el control institucional, el respaldo de sectores militares y el cansancio internacional coadyuvaron al mantenimiento de una estabilidad precaria.

Como parte de la estrategia que le allanaría el camino hacia la cruda intervención, Donald Trump ha declarado a los carteles de la droga como organizaciones terroristas, creando una excusa para atacar diversos territorios. En este marco, Nicolás Maduro fue declarado líder del llamado cartel de los Soles. A partir de entonces, Washington ha intentado asfixiar al régimen mediante un fuerte despliegue militar frente a las costas de Venezuela. Así, no solo se trata de una crisis democrática, sino también de un foco de inestabilidad migratoria y de seguridad nacional que debía resolverse para asegurar la frontera sur de la potencia del norte.

Ello constituyó el punto final de la evidente fatiga internacional y regional respecto de Venezuela, sobre la cual imperaba una visión fatalista y de resignación frente a una crisis que parecía sostenerse y perdurar en el tiempo. Lo que prosiguió fue la operación relámpago del 3 de enero que capturó al líder venezolano Nicolás Maduro, junto a su mujer, quienes fueron trasladados a Nueva York. Con Maduro fuera del poder, Venezuela se enfrenta al colosal desafío de emprender una transición forzada por el músculo militar de los Estados Unidos.

Bajo el renovado Corolario Trump, la captura de Maduro sienta un precedente disruptivo en las relaciones hemisféricas. El gran interrogante que sacude a la región es si Washington planea replicar esta estrategia. De hecho, ha lanzado duras advertencias a países como Cuba, Colombia y México.

Así, el despliegue en Caracas dispara las alarmas en el continente ante la posibilidad de que la seguridad nacional de Estados Unidos se convierta en la nueva medida de la soberanía ajena, dejando a los Estados latinoamericanos en una posición de vulnerabilidad inédita, en un contexto en el que el uso de la fuerza unilateral amenaza con sustituir al derecho internacional.

En este sentido, cabe preguntarse acerca de los basamentos de la intervención, particularmente si ha sido afín al Derecho Internacional Público, o si en cambio, se ha conducido por canales que desafían al mismo. Los dilemas son profundos. Estados Unidos justificó la detención en el marco de causas vinculadas al narcotráfico y otros delitos graves. Sin embargo, la captura de un Jefe de Estado vulnera la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos, el principio de resolución pacífica de controversias, la prohibición del uso de la fuerza, el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados y la violación de la soberanía territorial. En resumidas cuentas, la intervención unilateral norteamericana ha violado flagrantemente el Derecho Internacional Público, incluyendo la Carta de Naciones Unidas.

Sin embargo, el debate aún está abierto, en tanto podría argumentarse que la soberanía no es un escudo que pueda emplear Maduro para cometer abusos. En este sentido, suele recurrirse al principio internacional conocido como R2P o Responsabilidad de Proteger, que establece que los Estados tienen la responsabilidad primordial de proteger a sus poblaciones de crímenes atroces (genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica, crímenes de lesa humanidad), y si un Estado falla, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de intervenir de forma colectiva para ayudar o proteger a esas poblaciones, mediante medidas diplomáticas, humanitarias y, en última instancia, militares si es necesario, siempre tras la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. Este argumento, si bien tiene valor intrínseco, no satisface algunos interrogantes. Es cierto que se han documentado violaciones a los Derechos Humanos que bien podrían tipificarse como crímenes de lesa humanidad, como asesinato, encarcelamiento, tortura, persecución o desaparición forzada. Sin embargo, por ejemplo, puede contraargumentarse que la Responsabilidad de Proteger debería haberse constituido mediante una actuación colectiva, conducida bajo los canales provistos por las Naciones Unidas. En cambio, ha sido una acción unilateral, que desatiende los intereses legítimos del pueblo venezolano en particular, así como de la región y de la comunidad internacional en general.

El 3 de enero de 2026 planteó una paradoja jurídica dolorosa: ¿es más sagrado el principio de autodeterminación o el derecho humano a la libertad? Y ésta última, ¿justifica una operación militar como la desplegada por Washington? Ante este panorama, y bajo las premisas enunciadas, resulta evidente que el futuro de Venezuela debe ser determinado únicamente por el pueblo venezolano, con pleno respeto de sus derechos y libertades, incluyendo el derecho a la autodeterminación y la soberanía sobre sus recursos. Así, deberían haberse profundizado los canales diplomáticos y las negociaciones para favorecer una transición democrática pacífica que tuviera a los venezolanos como genuinos protagonistas de su propio destino, y no una transición impuesta por una potencia externa.

Al observar la crueldad de los datos —los presos políticos, los desaparecidos, los millones de desplazados— es fácil caer en la tentación de aplaudir el fin del conflicto por cualquier medio. Sin embargo, desde mi perspectiva, la intervención militar estadounidense bajo el Corolario Trump sienta un peligroso precedente. Al ignorar la solución pacífica de controversias y la autodeterminación de los pueblos, no solo se extrajo a un mandatario; se dejó a la región entera en una intemperie jurídica donde el más fuerte vuelve a ser el único juez. Así, si bien es cierto que la crisis humanitaria era insostenible, esto no justifica que la arquitectura legal del Derecho Internacional Público y de la ONU haya sido reducida a escombros en una sola noche.

Juan León Giujusa, Licenciado en Relaciones Internacionales, Universidad de Palermo.