Martilleros se oponen al cambio de pago de honorarios en los alquileres

Mientras en la Legislatura bonaerense se analizan proyectos del Gobierno provincial y de algunos legisladores para cobrarle los honorarios de alquileres a propietarios en lugar de los inquilinos, el colegio de Martilleros de la provincia de Buenos Aires salió al cruce para rechazar esas propuestas y anunció que presentará una “alternativa superadora en los próximos días”.

La propuesta del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires es “ir más allá de ese único tema y proponer una alternativa superadora e integral del tema habitacional”.

“La problemática de los alquileres merece un debate mucho más profundo en el camino de buscar propuestas superadoras que permitan a los inquilinos acercarse a la posibilidad concreta de acceder a ese derecho constitucional que es aspirar al techo propio. Poner el acento en los honorarios de los corredores inmobiliarios puede llevarnos al error de simplificar la situación y alejarnos de las soluciones de fondo”, aseguró el presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Donsanto.

En ese contexto el representante de los inmobiliarios bonaerenses adelantó que la institución que preside está trabajando en una propuesta integral que presentarán a las autoridades en los próximos días.

“Resumir el problema en que los profesionales inmobiliarios no deban cobrarle más a los inquilinos y cargar sus honorarios sobre los propietarios, puede ser que se desaliente la inversión en la construcción con destino a renta, lo que implica reducir la oferta y en consecuencia aumentar los costos de los alquileres. En síntesis, un inquilino ahorrará un cuatro por ciento sobre el total del contrato de dos años de duración y a cambio pagará mucho más el canon locativo. Lo que en términos populares se conoce como que el remedio es peor que la enfermedad”, enfatizó Donsanto.

En ese sentido explicó que los profesionales inmobiliarios están en el marco de una legislación que les marca qué pueden hacer y los Colegios tienen facultades delegadas por el propio Estado establecidas por ley. Cuando un profesional ejerce mala praxis cobrando lo que no tiene que cobrar, el afectado tiene resortes a donde recurrir que es a los propios Colegios Departamentales para efectuar la correspondiente denuncia, amén de hacer lo propio ante otros organismos como la Defensoría del Pueblo”.

“No defendimos ni defenderemos nunca a ningún profesional que se aparte de lo que establece la ley y verdaderamente creemos que el honorario del cuatro por ciento por un contrato de veinticuatro meses de duración guarda razonabilidad con el servicio”, señaló Donsanto.