Meridiano V: pedirán la indagatoria del Ministro Tierno

El jefe de la Policía de La Pampa, Roberto Ayala, será indagado por el juez federal de Junín, Héctor Plou, por el delito de incumplimiento de autoridad y deberes de funcionario público y lesiones leves.

Lo hará en el marco de la causa penal que se inició en febrero de 2016 cuando la Policía de La Pampa reprimió a un grupo de vecinos de Villa Sauze y Sansinena en el Meridiano V. Alrededor de 23 personas sufrieron lesiones de balas de goma, entre ellos David Díaz, un joven que debió ser internado en el hospital Centeno, de General Pico, con una herida grave en una pierna.

Plou había citado a Ayala para el 28 de febrero, pero el jefe policial no se presentó. En cambio, envió un escrito al juzgado en el cual solicitó postergar su declaración. La citación fue reprogramada para el miércoles 28 de este mes. El jefe policial presentó el pedido de postergación bajo el patrocinio de Hernán Jorge Danzi, el abogado que defendió a uno de los acusados en la causa “Good Night”.

El principal querellante en el caso es el abogado Darío Culacciatti, representante de David Díaz, el joven que se llevó la peor parte en la represión de aquella noche. En diálogo con LA ARENA, el letrado de Rivadavia, en la provincia de Buenos Aires, aseguró que tras la indagatoria de Ayala, presentará un pedido al juez Plou para que indague al ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno.

“Todos los testigos que habían declarado en la comisaría de Villa Sauze, en las horas posteriores al hecho, ratificaron el año pasado, algunos en el juzgado de Junín y otros en Santa Rosa, que querían impedir que las maquinas de La Pampa ingresaran al territorio bonaerense. Dijeron que lo único que hicieron fue apostarse en un cordón humano en forma pacífica. En su mayoría, la gente identificó a Tierno, que se dirigió al jefe de la policía Ayala y le dijo: “Metan bala”. Ayala hizo bajar al grupo especial y se desató la balacera, que terminó con el más damnificado que es mi defendido”, explicó Culacciatti.

La causa contra la represión en el Meridiano V se inició de forma inmediata a los acontecimientos de aquella noche. De inmediato se realizaron medidas preliminares por parte de la Policía Bonaerense, las cuales fueron remitidas al Juzgado Federal de Junín, que tomó medidas de urgencia para preservar pruebas y evitar una escalada de violencia entre los vecinos.

De inmediato, la fiscal de la causa, con competencia en Junín, pero con asiento en la ciudad de Pehuajó, elevó un dictamen en el que aseguraba que el Juzgado Federal no tenía competencia por tratarse de incidentes entre habitantes de dos provincias diferentes. A su criterio, la causa debía ser elevada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así lo entendió el juez Plou, quien se declaró incompetente y remitió las actuaciones al máximo tribunal.

Para marzo de 2016, el expediente fue girado por los supremos a la Procuración General de la Nación para que emitiera dictamen en torno a la competencia. Luego de un año de inacción, la Procuración dictó en marzo del año pasado una resolución en la que sostuvo que correspondía el trámite en el Juzgado Federal de Junín. En abril, la Corte se declaró incompetente y devolvió la causa a Junín.

A partir de mayo, Plou comenzó a llamar a los testigos para que ratificaran o rectificaran lo declarado ante la Policía Bonaerense. “Desde ahí se sugirieron algunas pericias y la causa fue avanzando hasta que en diciembre el juez encontró mérito suficiente para indagar a Ayala. Ahora vamos a pedir la citación de Tierno, que fue el que dio la orden de llevar a cabo las acciones”, aseguró Culacciatti.

“Creemos que cuanto menos, en el caso de mi defendido, son lesiones gravísimas porque David estuvo entre 18 y 20 meses imposibilitado de caminar normalmente y cuando terminó el proceso de recuperación, su pierna derecha le quedó con 5 centímetros de acortamiento. Tuvo fractura de tibia y peroné con desmembramiento de material orgánico”, explicó. El querellante aseguró que hay pericias en las que se sostiene que recibió cuatro impactos de balas de goma que fueron disparadas a 40 centímetros de su pierna.

La represión en el Meridiano V tuvo lugar el 9 de febrero de 2016. El gobernador Carlos Verna ordenó abrir una brecha en la ruta nacional 188 para permitir el normal escurrimiento del agua que llegaba desde Córdoba por el cauce del río V, y también las alcantarillas sobre el camino del Meridiano V que impedían su paso hacia provincia de Buenos Aires.

Los incidentes se desencadenaron a última hora de la tarde de aquel día, cuando una comitiva de maquinas viales y policías que envió el gobierno pampeano llegó al Meridiano V para abrir la brecha en el terraplén que impedía el paso de las aguas. Los vecinos formaron un cordón humano para impedir que las máquinas trabajaran. Temían que el agua inundara los cascos de Villa Sauze y Sansinena.

La comitiva pampeana, acompañada por agentes del Grupo Especial de Operaciones y otros efectivos, avanzó usando la fuerza. Al menos 23 personas resultaron heridas por balas de goma, entre ellas algunos niños. Tras dispersar a los manifestantes, la maquinaria vial llegó al lugar donde debía realizar el corte y realizó las tareas en el marco de una fuerte tensión y con la custodia de la Policía de La Pampa.

Mientras el gobierno pampeano decidió defender los campos y localidades del noreste pampeano con todos los recursos del Estado, los vecinos del oeste bonaerense recién vieron llegar el auxilio de las autoridades de la provincia de Buenos Aires en las horas posteriores al escándalo desatado por la represión. Tras aquel incidente, las provincias de la Cuenca del Río V conformaron un comité de cuenca para acordar políticas conjuntas para proteger a sus poblaciones en caso de crecidas.

Si bien la Corte se declaró incompetente para intervenir en la causa por la represión, Culacciatti aseguró que inició ante el máximo tribunal del país un proceso de indemnización por daños y perjuicios en favor de David Díaz. Esa demanda se tramitará por cuerda separada de la que se instruye en Junín. La Corte ya remitió la nueva presentación a la Procuración General de la Nación para que dictamine. “Hay dos alternativas, que la Corte lo tome o que lo mande a Junín o a Santa Rosa”, dijo el abogado. En ese expediente se persigue una compensación económica y Díaz es el único demandante.