El Senado sancionó la Ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años
El Senado sancionó este viernes el nuevo régimen penal juvenil, iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei que baja a los 14 años la edad de imputabilidad y contempla penas de prisión para los adolescentes que cometan delitos graves que involucren violencia y muerte.
La norma fue sancionada por una amplia mayoría de 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención.
Tras la votación, el Senado pasó a discutir la reforma laboral que el gobierno de Javier Milei también pretende tener sancionada antes del próximo domingo. Ese día el Presidente dará el discurso sobre el estado de la Nación para dejar inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso.
En este caso, la Cámara alta solo tendrá que definir si acepta el cambio introducido por la Cámara de Diputados, que eliminó el polémico artículo 44 de licencias médicas, o si insiste con la versión aprobada el pasado 12 de febrero.
Tal como se preveía, el oficialismo no tuvo problemas para alcanzar el quórum gracias al apoyo de los bloques de la oposición dialoguista. Así, la sesión empezó con 40 senadores presentes y la mitad del hemiciclo que ocupan las bancadas peronistas del interbloque Popular vacío.
Fueron estas bancadas de la oposición dialoguista las que les permitieron al oficialismo obtener la sanción del nuevo régimen penal juvenil. Además de La Libertad Avanza, apoyaron la norma la UCR, el Pro y todos los bloques de fuerzas provinciales e independientes.
Si bien el principal cambio es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a los 14 años, la iniciativa del Gobierno crea todo un nuevo régimen penal para los menores de edad en el que se contemplan una batería de medidas procesales que van más allá de la detención de los sentenciados.
Así, los jueces podrán optar por castigos que van desde la amonestación hasta el monitoreo electrónico, pasando por la prohibición de salir del país o la prestación de servicios comunitarios cuando el o los delitos tengan penas de hasta 3 años de prisión.
El mismo esquema se aplica para casos de hechos castigados con penas de hasta 10 años de detención, pero que no impliquen la muerte o graves lesiones a la víctima.
“Este es un régimen moderno, especializado, donde están garantizados el debido proceso y demás garantías procesales. El proyecto cumple con ese objetivo”, afirmó el libertario Gonzalo Guzmán (Salta), presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y miembro informante del oficialismo en el inicio del debate.
En ese sentido, la norma establece una serie de derechos y garantías desde el inicio del proceso penal, reconociéndoles asistencia legal, eficaz e idónea en su comparecencia ante los tribunales
“Esta ley es invotable, es imposible de votar”, sentenció desde el bloque kirchnerista Lucía Corpacci (Catamarca), quien acusó al Gobierno de usar el debate sobre el agravamiento de penas para los menores de edad para tapar la realidad social.
La radical Carolina Losada (Santa Fe) salió al cruce de quienes critican la baja de la edad imputabilidad por considerar que los jóvenes de 14 años no son plenamente conscientes de los delitos que cometen,
“Basta de hipocresía, basta de decir que alguien no entiende lo que está haciendo; todos tenemos hijos menores de edad y sabemos muy bien que entienden”, dijo Losada. “No podemos decir que un chico de 15 no es responsable o no sabe lo que está haciendo”, insistió.
El mismo concepto utilizó la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), en el cierre del debate antes de ir un paso más allá y acusar al peronismo de olvidarse de las víctimas de los casos de inseguridad.
“Se preocuparon por los victimarios, ustedes quieren que los ciudadanos sigan siendo ciudadanos de segunda”, acusó Bullrich, antes de agregar: “esta ley está del lado de los ciudadanos, deja la teoría de que la víctima es el delincuente”.
En ese sentido, la jefe del oficialismo en el Senado aseguró que “un país que olvida a sus víctimas, termina perdiendo totalmente el sentido de la justicia”.
Replicó de esa manera al kirchnerista Martín Soria (Río Negro), quien había denunciado que, con la sanción de esta ley, “chicos de 14 y 15 años van a ser juzgados y condenados incluso por delitos culposos, delitos en cuya participación el menor no tenía la intención de dañar”.
“Hay que ser claro con las familias de la Argentina acerca de lo que quieren votar; explíquenles que con esta ley cuando dos chicos se peleen en el recreo y se lastimen ya no va a intervenir el director del establecimiento, sino que va a tener que dar notificación ala comisaria y va a intervenir un juez y un fiscal”, afirmó Soria. “Miente”, lo acusó Bullrich a su turno, antes de aclarar que las penas de cumplimiento efectivo son para los delitos graves.
La pena máxima posible será de 15 años aun cuando las escala penal o la suma de penas, por el concurso de varios delitos, sea superior. La privación de la libertad se aplicará solo en delitos graves, como homicidios, secuestros, robos violentos y abuso sexual. Prohíbe la sentencia a reclusión y prisión perpetuas.
En los casos que el adolescente condenado cumpla dos tercios de la pena impuesta en detención y se dieran las circunstancias previstas en el Código Penal para otorgar la libertad condicional, el tribunal podrá disponer que el resto del castigo sea cumplido mediante penas alternativas a la prisión.
En contra del proyecto se manifestó Gerardo Zamora (Frente Cívico-Santiago del Estero), quien acusó al Gobierno de tomar el camino fácil de apelar al agravamiento de penas para mostrarse como una administración reformista.
“Otra ley exitosa para mostrar que se están haciendo reformas. Está bien, pero a veces estás cosas atentan contra cualquier vestigio de consenso social en un tema delicado como este”, dijo el exgobernador, quien calificó de “inconstitucional” la iniciativa porque “arrasa con facultades de las provincias”, además de aumentarle los gastos a los distritos.
En una incorporación de último minuto en la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo sumó un artículo que establece una partida de $23.800 millones para financiar la creación del nuevo sistema procesal penal para menores.
De esa partida deberían financiarse la creación de prisiones específicamente acondicionadas para los adolescentes, ya que no podrán quedar detenidos junto con mayores de edad.
El kirchnerista Jorge Capitanich (Chaco) calificó de “insuficiente” el financiamiento dispuesto por el Gobierno y se quejó por los tiempos previstos para poner en condiciones el sistema penal para alojar a los adolescentes. “No puede tardar 9 años la construcción de los complejos”, se quejó.
En ese sentido, el exmandatario chaqueño criticó el castigo con penas de prisión a menores al afirmar que el “exceso de punitivismo no resuelve el problema” y pidió “atacar las causas para después garantizar un ordenamiento jurídico de carácter punitivo que implique resolver el problema”.
