El Foro de Seguridad de General Villegas emitió un comunicado sobre la baja de edad de imputabilidad

Luego de una reunión llevada a cabo en su sede de la calle Saavedra y con la presencia de especialistas en la materia, el ente conformado por diferentes actores sociales e instituciones llegó  una conclusión que plasmó en el siguiente escrito que publicamos de manera textual a continuación.

«Cuando se habla de bajar la edad imputabilidad se habla de niñez en riesgo ¿Qué significa niñez en riesgo, familia en riesgo, adolescentes en riesgo? ¿En riesgo de qué? De no ser. En riesgo -”al borde”- de no ser niño, de no ser familia. A muchos chicos ya les bajaron la edad de imputabilidad y los declararon culpables, se los trata como culpables del “delito” de haber nacido en determinado lugar, de haber elegido alimentarse mal, de ser abusados. Son excluidos. ¿De qué? De la vida digna, de los derechos. Del trabajo, de la mesa, de la Escuela, del consultorio, del baño instalado, del agua corriente, del pelotero, de la canchita, del descanso, del amor. Nadie se quejó cuando esta violencia atravesó la vida de estos chicos. Es inmoral, inhumano, inmerecido, indigno, inicuo. El Estado brilla por su ausencia, desde las diferentes áreas encargadas de proteger a la niñez. Bajar la edad de imputabilidad es una medida ilegal ya que va en contra de los compromisos asumidos por el país en la Convención Internacional de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es totalmente vulneradora de la obligación del Estado, del Interés Superior del niño y de avanzar en el reconocimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes. Reducir la edad mínima de responsabilidad penal es una medida regresiva, que incumple con lo establecido por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. La baja de la edad de imputabilidad no es un instrumento para resolver problemas de seguridad de la comunidad, se trata de una medida ineficiente. Bajar la edad de imputabilidad es una medida contraria al paradigma de la protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Antes de pensar en bajar la edad imputabilidad, hay que revisar las medidas que se toman cuando un menor comete un delito. No es que no haya recursos, lo que no hay son programas eficaces. Hay que trabajar en la situación que los lleva a delinquir y en cómo hacer para que los menores vuelvan a la sociedad recuperados y no reincidan. Lo que en realidad necesitamos son políticas públicas que avancen, con toda su potencialidad en la construcción y consolidación del sistema de protección integral de niñez, para garantizar que cada niño, niña del país, pueda acceder a todos sus derechos, que en definitiva haga práctica el marco internacional de derechos humanos. Esto indefectiblemente significa más políticas públicas para la infancia y más presupuesto invertido en esto, tal como está establecido en la ley 13.298. Se necesita fortalecer los distintos espacios de participación protagónica para niños, niñas y adolescentes que ya existen y promover que se generen nuevos espacios, donde los niños y adolescentes puedan pensarse y reconocerse como sujetos de derechos, como agentes de cambio, parte de nuestra sociedad. Se considera INDISPENSABLE, reformar el Régimen Penal Juvenil vigente y adecuarlo a uno que sea respetuoso de los derechos establecidos en la carta magna y en las leyes provinciales y nacionales. Si realmente nos interesa tener más seguridad, busquemos más familia, más comunidad, más escuela, más trabajo. Comprometámonos, pero verdaderamente, seamos corresponsables todos como sociedad y Estado para erradicar de verdad el tráfico de drogas y de armas, la corrupción que lo favorece, el abuso infantil, la violencia doméstica.

Por eso, justificar respuestas a la inseguridad a partir de mayores penas hacia los menores de edad es una respuesta falaz, que yerra en el diagnóstico del verdadero origen de la problemática que se pretende abordar y obtura la posibilidad de implementar políticas públicas que terminen con la exclusión social. La restitución del derecho a vivir seguros debe ser garantizada a todos los ciudadanos, pero principalmente a los niños, niñas y adolescentes.

A partir de la búsqueda de niveles de mayor  equidad social, económica y cultural, centrados en la provisión de una educación pública de calidad, con niveles dignos de acceso a la salud, a la alimentación y el hábitat, será posible pensar en una sociedad sin violencia, que cuide a  todos  los niños, niñas y adolescentes en lugar de condenar a gran parte de ellos a los márgenes de la sociedad.

Un pueblo que condena a su infancia a crecer en las peores condiciones es un pueblo que se condena a sí mismo. Un país que no tiene un proyecto para su niñez es, en sentido estricto, un país sin proyecto.»