24 de Marzo: problemas de una efeméride oficial

Por un lado esta efeméride retoma una derrota del campo popular –la instauración de la dictadura burguesa terrorista, con su secuela de desaparición, tortura y muerte–, que la movilización transformaba en acto de resistencia democrática minoritaria, en patrimonio colectivo; es decir, se trata de un intento por cambiar, ampliar el sentido original. Nadie sin situarse fuera de lo audible, de lo políticamente correcto, puede reivindicar abiertamente la política de la masacre del ’76, ni siquiera el diario La Nación. Esto no supone que en su fuero íntimo no haya gente que sostenga sin avergonzarse: esto con los militares no pasaba. Pero los menores de 30 años, voten lo que voten, no dejan de horrorizarse ante semejante razonamiento.

Y por el otro lado, al volverlo oficial, el 24 de marzo del horroroso año ’76 tiende a perder especificidad.  Vale decir, terminó por automatizar un comportamiento, y automatizar, se sabe, es lo contrario de pensar con distancia crítica; y al hacerlo produce un efecto indeseado: confundir las cabecitas de los muy jóvenes. El 25 de mayo, el 17 de agosto, la larga lista de asuntos que no experimentaron se mezcla en el cambalache histórico oficial. Todo se vuelve distante e inespecífico. Y ese es el punto: ¿cómo transmitir una experiencia terrible, sin transmitir al mismo tiempo la política de terror sistemático que contiene? ¿Cómo conservar un día de lucha y evitar la erosión que impone el tiempo, sumada a la habitual e inevitable superficialidad conmemorativa?

La historia viva y sangrante de una sociedad atravesada por un dolor inenarrable, se transforma en motivo de acto con discurso solemne, himno y bandera; acto donde una maestra mal paga y peor preparada utiliza un vocabulario que a gatas gobierna, para hablar de lo que difícilmente haya pensado. No cabe duda que la escuela debe ser un territorio donde anide la memoria crítica. Claro que materializarla no deja nunca de ser un problema. No se trata de recordar las víctimas, sino de establecer el hilo conductor entre la política ejecutada por la dictadura burguesa y el destino de la sociedad argentina. De iluminar las tareas democráticas que 38 años después siguen pendientes.

LA OTRA HISTORIA. Una simplificación particularmente burda alcanzó y aún conserva una potente instalación mediática: el 24 de Marzo un gobierno democrático fue volteado por un golpe militar, inaugurando una dictadura sin aditamentos. Es cierto que el gobierno de María Estela Martínez de Perón era el gobierno legal hasta el 23 de marzo, lo que no resulta tan cierto es que fuera democrático.

Se puede sostener que esta lectura está teñida por el tiempo transcurrido, y que esa no era la percepción que la sociedad argentina tuvo entonces. Basta comparar septiembre del ’55 con marzo del ’76 para entender. Los trabajadores argentinos estaban dispuestos a defender con las armas en la mano al gobierno peronista en 1955. Y la mayoría de las FF AA no era inicialmente golpista. El comportamiento político del General Perón impidió esa defensa, facilitando finalmente la defección de la mayoría militar legalista. En cambio, ni un solo soldado, ni nadie socialmente representativo estuvo dispuesto a defender al gobierno legal; en marzo del ’76, la compacta mayoría respaldó el golpe; una minoría militante que enfrentaba al gobierno miraba expectante el curso de los acontecimientos. Todos los partidos del arco parlamentario eran golpistas, y basta revisitar el discurso televisivo del doctor Ricardo Balbín –pocas horas antes del cuartelazo– para comprender la soledad absoluta del gobierno.

Y esto con ser significativo no es lo decisivo. El 11 de marzo del ’73 Héctor J. Cámpora gana las elecciones levantando este lema: liberación o dependencia. El Plan CGE-CGT, contaba con un importante respaldo transversal, no sólo era defendido por el tercer peronismo. Tanto el radicalismo de Balbín como el de Oscar Alende, con matices, apoyaban la propuesta. Las cámaras empresarias, salvo la solitaria  y ultraliberal ACIEL, terminaron apoyando el proyecto. Por eso se podía decir sin faltar a la verdad que más del 75% de la sociedad apoyaba esa propuesta. Era la primera vez en la historia nacional que una mayoría tan compacta defendía un mismo programa.

No nos proponemos analizar aquí el motivo de su fracaso. Eso sí, puntualizaremos que la muerte del General contuvo el fin del programa. Basta mirar el proyecto enarbolado por el ingeniero Celestino Rodrigo a mediados del ’75, y recordar el mecanismo de su elaboración –el empresariado en masa abandona la política de sustitución de importaciones diseñada por Federico Pinedo, iniciando una de valorización de los activos financieros– para saber que burlaba la voluntad popular. Sin olvidar que en febrero del ’75 la presidenta pone en marcha el Operativo Independencia. Esto es, la orden ilegal del gobierno legal de intervenir militarmente la provincia de Tucumán. No es atribución del Poder Ejecutivo intervenir militarmente una provincia. Sólo el Congreso puede hacerlo y no lo hizo. De modo que los elementos clave de la política de la dictadura burguesa terrorista –el plan económico y la represión ilegal–  fueron diseñados bajo el gobierno del cuarto peronismo. Sin olvidar el aplastamiento de los trabajadores de Villa Constitución y la derrota del ERP en Monte Chingolo, fueron alcanzados por la señora de Perón.

Dicho brutalmente. No fueron las FF AA las que optaron por el programa de José Alfredo Martínez de Hoz, las fuerzas sociales allí expresadas –el bloque de clases dominantes– impusieron ese ministro con ese programa. El 24 de Marzo se inició la cacería de militantes bajo estado de excepción. Y era la primera vez que un gobierno militar advertía sin cortapisas que no toleraría forma alguna de oposición. Ni armada ni desarmada. La idea de delimitar campos tajantemente, de un lado la democracia y del otro la dictadura militar, tiene origen alfonsinista.

Raúl Alfonsín instaló desde el vamos la teoría de los dos demonios. Decretos sucesivos propiciaron el juicio a las tres primeras juntas militares y a la dirección sobreviviente de Montoneros. Los dos demonios, los únicos responsables de lo acontecido, permitían reducir la democratización de la sociedad a impedir el golpe de Estado. Por tanto, con el restablecimiento del gobierno elegido democráticamente quedaba restablecida la democracia. Los beneficiarios de la dictadura se transformaban en «víctimas». Todos los que no usaban  charreteras eran demócratas impolutos. La dictadura terminaba siendo un problema de sastrería.

Por eso la CONADEP, y su célebre Informe, no podían ni debían averiguar nada que hubiera sucedido antes del 24 de Marzo del ’76. Por eso, la teoría de los dos demonios y la consiguiente exculpación de los beneficiarios de la dictadura burguesa terrorista, terminan siendo una misma cosa. La impunidad de los represores fue la norma no escrita que reguló el comportamiento jurídico anterior a 2001. Con el restablecimiento de la relación entre los delitos y las penas –a pedido del Congreso, por determinación de la Corte–, la punición de los delitos aberrantes quedó restablecida. Esto es, no sólo permitió reconstruir la significación de la política como instrumento, además hizo posible que los beneficiarios civiles de la dictadura burguesa –empresarios con nombre y apellido– tengan que responder por la desaparición tortura y muerte de militantes populares. El caso del Ingenio Ledesma resulta paradigmático. Que un Blaquier se tenga que sentar en el banquillo de los acusados, constituye el logro más importante 38 años después. (Fuente Tiempo Argentino web)